La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, refrenda en su Artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.Sin embargo, ¿qué pretende el Plan Bush? para asistir a una Cuba libre, como llama en su pesadilla demencial el Gobierno norteamericano: “Reformar el sistema de retiro y pensiones a partir de que el gobierno de transición no podrá continuar sosteniendo el nivel inmerecido y los requerimientos relajados que el sistema comunista ha permitido.“Crear el Cuerpo de Jubilados Cubanos, que dará trabajo a aquellos sin recursos si tienen buena salud”.Para entrar en materia es menester poner por delante un hecho innegable: para tener derecho a la jubilación los trabajadores en Estados Unidos deben entregarle la plusvalía a los empresarios privados e instituciones gubernamentales hasta los 65 años de edad; por el contrario, en Cuba acceden a ese derecho a los 60 y la esperanza de vida al nacer en la provincia de Sancti Spíritus, por ejemplo, es de 77,77 años, cuando un 3 por ciento de la población total del territorio llega incluso a superar los 80 años y más, además de que 57 ciudadanos de esta región central del archipiélago cubano tienen el privilegio de haber nacido en el siglo XIX y prolongar su existencia hasta el siglo XXI en una vejez plena. Vejez plena porque el Estado Socialista les garantiza una atención integral diferenciada para alargar su vida, yendo a la erradicación de las causas de muerte que pueden ser prevenibles. Y ya que nos adentramos en la Salud Pública, que en esta isla es gratuita para todas las personas, sin distinción de su posición política, económica o social, es preciso señalar que el Programa del Adulto Mayor concebido por ese organismo se subdivide a su vez en tres subprogramas, en aras de buscar la integralidad en la atención a todos los ancianos en los niveles comunitario, institucional (Hogares de Ancianos) y hospitalario, según explicó la doctora Mayelín Peláez Pérez, integrante del equipo multidisciplinario provincial que atiende este segmento poblacional.De una cifra total de 78 837 habitantes de la tercera edad (60 años o más), el 19,32 por ciento (15 233) vive con más de 80 años de edad en la actualidad, de acuerdo con reportes del Comité Estatal de Estadísticas. Esto está estrechamente relacionado con el cuidado sistemático que se les brinda por el Sistema de Atención Primaria de Salud en la red de consultorios del médico y la enfermera de la familia y las policlínicas a nivel comunitario, el cual se complementa con la sala y consulta de Geriatría existentes en el Hospital Provincial, así como con las camas y especialistas que brindan este servicio en la red hospitalaria de las cabeceras municipales y los 23 equipos de Salud multidisciplinarios de atención gerontológica radicados en las áreas de Salud.Más de 34 000 personas de la tercera edad en Sancti Spíritus están organizadas en 299 Grupos de Orientación y Recreación y en 715 Círculos de Abuelos. Además, los 12 Hogares de Ancianos acogen a 310 personas internas y 173 seminternos, y existen ocho Casas del Abuelo con 263 plazas, una en cada cabecera municipal.En la esfera de la Seguridad y Asistencia Social más de 1 200 ancianos o discapacitados de la provincia que viven solos, encamados o con movilidad restringida son atendidos por una asistente social que percibe un salario del presupuesto del Estado. Ellas se encargan de elaborar sus alimentos, de la limpieza del hogar y del aseo personal de los ancianos, además los ayudan a desplazar, les administran los medicamentos prescritos por el médico y los acompañan en la realización de gestiones, consultas médicas y hasta en visitas o paseos. Al mismo tiempo se les incrementó el retiro a los jubilados a una mínima de 164 pesos mensuales y de 122 pesos a los pensionados, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.Al margen del nivel de viviendas construidas por el Estado que anualmente se destinan a solucionar casos sociales, en el año 2000 se inauguró en el país la primera Cátedra del Adulto Mayor y después de un lustro se incrementaron a 869 en todas las universidades de la isla, que han graduado hasta la fecha a 30 348 ancianos que ven así realizados sus sueños, todo ello sin costarles un centavo.Aunque la mayoría de los jubilados cubanos se sienten útiles todavía y más allá de su retiro laboral han constituido 4 311 Grupos de Asesoría Técnica que brindan sus experiencias a las nuevas generaciones de obreros, técnicos y profesionales, en un gesto de altruismo y solidaridad humana, como retribución al bienestar y la seguridad que les brinda el Estado cubano. Así se concretan los derechos humanos de los ancianos en Cuba, realidad palpable que nadie puede negar.
Fred Pearce, especialista en medio ambiente, colaborador del semanario británico The New Scientist.
Los conflictos recientes han dañado gravemente el medio ambiente. Para los seres humanos y la naturaleza, los daños perdurarán hasta mucho después de que se restablezca la paz.
La preocupación por las consecuencias de la guerra para el medio ambiente surgió después de la operación Ranch Hand, llevada a cabo en Viet Nam por Estados Unidos en los años sesenta. Su objetivo era defoliar la selva para expulsar de ella a los combatientes comunistas. Entre 1962 y 1971 la aviación militar estadounidense arrojó sobre ese país unos 70 millones de litros de herbicidas muy poderosos, en particular el “agente naranja”: unos 1,7 millones de hectáreas fueron así “rociados” en varias oportunidades. Al término de la guerra, una quinta parte de los bosques de Viet Nam del Sur había sido destruida químicamente y más de un tercio de los manglares había desaparecido. Si algunos bosques han logrado recuperarse, en su mayoría se han convertido en matorrales, al parecer definitivamente.
Un experimento químico injustificado
Desde el comienzo se manifestaron temores en cuanto a la toxicidad del agente naranja para los seres humanos y los vegetales. En 1964, la Federación de Científicos de Estados Unidos condenó la operación Ranch Hand, considerándola un experimento químico injustificado. Pero sólo fue suspendida tras la publicación de varios informes, en 1970 y 1971, que establecían una relación entre las malformaciones de los recién nacidos y el agente naranja. Las investigaciones ulteriores demostraron que uno de sus principales componentes, el “2,4,5-T”, provocaba sea anomalías, sea la muerte en fetos de rata: contenía dioxina, que resultó ser uno de los venenos más poderosos jamás conocidos. La dioxina perturba las funciones hormonales, inmunitarias y reproductivas del organismo, y altera la calidad del esperma en el hombre.
La naturaleza ha eliminado ya en buena medida la dioxina de la vegetación y los suelos vietnamitas, pero esa sustancia sigue presente en la sangre, en los tejidos adiposos del ser humano y en la leche materna. Según Le Cao Dai, director del Fondo para las Víctimas del Agente Naranja constituido por la Cruz Roja vietnamita, la leche de las mujeres expuestas al agente naranja en el ex Viet Nam del Sur, contiene unas diez veces más dioxina que la de las mujeres del ex Viet Nam del Norte o de países como Estados Unidos.
Se han observado malformaciones espantosas en los hijos de ex combatientes expuestos al agente naranja o a otros pesticidas. Según el profesor Hoang Dinh Cau, presidente del comité vietnamita encargado de investigar sobre las consecuencias del empleo de armas químicas durante la guerra, decenas de miles de niños se vieron afectados. Nacieron con deformaciones de los miembros, con un miembro menos o con ojos sin pupila. Se teme que la tercera generación también sufra sus efectos.
Los ataques iraquíes contra la población civil kurda entre abril de 1987 y agosto de 1988 provocaron también efectos a largo plazo, si bien éstos son difíciles de estudiar en el lugar. En Halabja, ciudad bombardeada durante tres días en marzo de 1988 con agentes químicos y biológicos, 5.000 a 7.000 personas perdieron la vida y decenas de miles resultaron heridas. La primera investigación médica fue realizada en 1998 por la doctora Christine Gosden, profesora de la Universidad de Liverpool. En su informe al Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme, señala casos de cánceres raros, malformaciones en los niños, abortos naturales, infecciones pulmonares recurrentes y problemas neuropsiquiátricos graves. El gas de mostaza (iperita) quemó córneas, provocando casos de ceguera. Y existe el riesgo de que aparezcan cánceres cinco o diez años después de la exposición, añade Gosden.
Todas las guerras provocan daños ambientales. Algunos son deliberados, por razones militares. La defoliación del Viet Nam corresponde a esta categoría, así como la devastación, con maquinaria de gran tamaño, de 300.000 héctareas de bosque, que acompañó la operación. Otras destrucciones, también deliberadas, persiguen un objetivo militar menos claro, como el sabotaje ordenado por Sadam Hussein de los pozos petrolíferos de Kuwait en 1991, en el momento culminante de la guerra del Golfo. De los 730 pozos atacados, unos 630 fueron incendiados. En su mayoría arrojaron durante meses su petróleo en el desierto, despidiendo un espeso humo negro. En un momento dado 300 lagos de petróleo cubrían 50 km2 de desierto. Se estima que 10 millones de m3 de petróleo se esparcieron así, un millón de los cuales se precipitaron en el Gofo Pérsico, provenientes de sabotajes iraquíes pero también de bombardeos de instalaciones estratégicas por Estados Unidos y otros países. Ello acarreó una contaminación masiva de las costas de Kuwait y Arabia Saudí, que puso término a la pesca de la gamba. Los estudios realizados cinco años después demostraron que el ecosistema costero saudí se había restablecido en gran parte, pero la población de tortugas que anidaba en las islas del Golfo no recuperó su nivel anterior.
Cuando Sadam Hussein amenazó con incendiar los pozos, algunos científicos temieron que el humo, al llegar a las capas superiores de la atmósfera, perturbara fenómenos climáticos planetarios como el monzón. Se comprobó que esos temores carecían de fundamento. Pero una lluvia de hollín, de partículas cancerígenas y de dióxido de azufre cayó sobre cientos de kilómetros en torno al Golfo. En Kuwait hubo una “noche a mediodía”, con un aumento pronunciado de las infecciones respiratorias. Fueron necesarios seis meses (y 10.000 millones de dólares) para apagar los incendios y reparar los pozos. El desierto todavía está manchado con capas de petróleo viscoso.
Esa guerra causó otros perjuicios al desierto. Miles de búnkers, de escondrijos de armas y de trincheras rompieron el lecho de grava que permitía contener las dunas. Los tanques y los camiones horadaron suelos frágiles y destruyeron la vegetación. Según el Instituto de Investigación Científica de Kuwait, más 900 km2 de desierto fueron dañados por vehículos militares y movimientos de terreno, como consecuencia de lo cual avanzaron las dunas y recrudecieron las tempestades de arena y la erosión.
Los daños al medio ambiente provocados por las guerras son en buena medida involuntarios y “colaterales”. Según Arthur Westing, especialista en impacto de los conflictos, durante la guerra del Golfo Estados Unidos lanzó 60.000 bombas de fragmentación, que contenían unos 30 millones de minibombas. Estas tapizan el desierto, junto a unas 1,7 millones de minas antipersonal colocadas por los iraquíes. Aunque en su mayoría fueron destruidas ulteriormente, el ecosistema del desierto ha quedado afectado.
Se estima que en total hay 65 millones de minas antipersonal que siguen amenazando a la población y a la vida salvaje en 56 países, de Angola a Nicaragua, de Eritrea a Lao. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, a ellas se deben mensualmente unas 800 víctimas fatales y millares de heridos. Se estima que han provocado 36.000 amputaciones en Camboya y 23.000 en Somalia. Consecuencia trágica de las inundaciones catastróficas en el sur de Mozambique en febrero de 2000: las minas antipersonal legadas por la guerra civil que asoló el país fueron arrastradas de los campos inventariados a las aldeas.
Refugiados y deforestación
Desde hace poco existe inquietud sobre las consecuencias a largo plazo del empleo de uranio empobrecido —material escasamente radiactivo pero denso utilizado para que los proyectiles puedan perforar el revestimiento de los tanques. Durante la guerra del Golfo unas 300 toneladas de uranio de ese tipo se desparramaron en los campos de batalla. Aún no se sabe con exactitud qué efectos pueden tener los desechos radiactivos dejados por esas municiones en la salud y el medio ambiente. Suele afirmarse que el uranio empobrecido podría ser el causante de un aumento de la incidencia de cánceres en el sur de Irak y de graves malformaciones en los niños nacidos de soldados expuestos. Pero ningún estudio ha confirmado esa relación.
Otra causa de perjuicios para el medio ambiente es la afluencia de refugiados, cuya presencia afecta a los recursos naturales. El conflicto en Rwanda y los sucesos que desencadenó en el este de la República Democrática del Congo (RDC, antiguo Zaire) son una de las principales causas de la deforestación de Africa central. El Parque Nacional de Virunga, primer parque africano de ese tipo establecido en la frontera entre la RDC y Rwanda, ha sufrido las consecuencias. La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) informó de que en seis meses los refugiados rwandeses y los soldados hutus de los campamentos situados en torno a la ciudad de Goma (RDC) habían destruido 300 km2 del parque en busca de leña y de algo de comer. La UICN estimó que en los momentos cruciales de la crisis unos 850.000 refugiados que vivían en el parque o en sus inmediaciones retiraban diariamente entre 410 y 770 toneladas de productos forestales. Los soldados zaireños aprovecharon la confusión para vender la madera del parque a los refugiados y a los organismos de socorro.
Durante los años noventa otros conflictos civiles o fronterizos en Africa acarrearon las mismas consecuencias. En marzo de 2000, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señaló, en el sur de Guinea, una “transformación de las zonas salvajes y forestales”, con “graves consecuencias para la biodiversidad y la red hidrográfica”, a raíz de la llegada de unos 600.000 refugiados que escapaban de los recientes conflictos en los vecinos países de Sierra Leona y Liberia.
Los guerrilleros causan tantos perjuicios como los refugiados, sobre todo cuando deben obtener el sustento de la tierra o saquear los recursos naturales de la región donde combaten para financiar la compra de armas. En Africa occidental y central, en estos últimos diez años, la guerrilla se ha financiado derribando y vendiendo valiosas especies forestales. La misma situación se presentó en Camboya. En los años ochenta los combatientes somalíes fueron a menudo los instigadores del tráfico de marfil. En el Parque de Virunga y en otros lugares, los gorilas de las montañas fueron masacrados durante la guerra de Rwanda.
Siempre ha habido una relación entre guerra y medio ambiente. Hace 5.000 años, durante los primeros conflictos entre ciudades de la Mesopotamia, se demolían los diques para inundar las tierras enemigas. Quizás por primera vez, durante la guerra del Golfo, hubo preocupación respecto de las consecuencias ecológicas incluso antes de que los hechos anunciados se produjeran. Durante la guerra del Kosovo, los efectos de los bombardeos de fábricas en el medio ambiente a menudo se destacaron más en las noticias que los perjuicios económicos que se intentaba provocar.
Es evidente que las acciones militares rusas en Chechenia o en Afganistán fueron igualmente nefastas para el entorno que las de Estados Unidos y de sus aliados en el Sudeste Asiático, en el Golfo o en otros lugares. Pero la información disponible es mucho más escasa y las investigaciones independientes brillan por su ausencia. En Chechenia, los combates militares son tan violentos que por ahora los perjuicios sufridos por el medio ambiente y la contaminación del agua apenas han despertado interés, pese a su importancia probable cuando llegue el momento de la reconstrucción. Y en Afganistán el carácter permanente de los conflictos hace difícil cualquier evaluación seria de las consecuencias de veinte años de guerra.
(Tomado de Internet)
Quién le iba a decir a Genobebo Hernández Villazón que la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rafael Saroza, presidida por él en el lomerío trinitario de El Algarrobo, iba a ser visitada por indígenas venezolanos para beber de la rica experiencia acumulada en breve tiempo por los campesinos integrados al movimiento agroecológico?
Y es que sin darse cuenta esta unidad agrícola se ha convertido en un laboratorio, por el grado de excelencia alcanzado en la aplicación de diversas técnicas encaminadas a preservar el suelo de la erosión que causa la lluvia en la montaña, más que en ningún otro lugar.
El renglón fundamental allí es el café, pero hoy adquieren un gran peso también otros cultivos como parte de la diversificación de la producción, sobre todo los frutales, entre los que se destacan la piña y el aguacate, así como el plátano, con los cuales forman las llamadas barreras vivas, al margen de que además aprovechan los gajos de los árboles que talan para formar las barreras muertas.
Aunque las 20 cooperativas del municipio se encuentran en fase de consolidación de este empeño, aparte de ésta sobresalen igualmente la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 13 de Marzo y la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Romelio Cornelio de Caracusey, ambas dedicas a los cultivos varios y la ganadera, así como la CCS José Mendoza, ubicada en el linde de la ciudad de Trinidad, por la zona de La Barranca.
Pero este movimiento, que en toda la provincia constituye un logro de los agricultores pequeños, guarda muchos secretos asimismo en el municipio de Fomento. Ana Esther Sánchez, la presidenta de la ANAP allí, afirma que el productor cafetalero Pedro Ramos, de la zona de Jíquima, es una autoridad en la preservación de los suelos quebrados de la serranía.
En su finca se defiende a capa y espada cada gramo de tierra que compone la capa vegetal, con “tranques” y barreras vivas, en este último caso a partir de la siembra de plantas rastreras como el nescafé, que tiene la virtud, además, de fijar el nitrógeno del aire que le sirve de abono verde a los cafetos. De igual forma se destaca en la siembra de plantas con olores repelentes a las plagas como el árbol del Nim, la albahaca y la “flor de muerto”, forma ecológica y económica de lucha biológica.
La CPA Nueva Unión, como asociación colectiva de los campesinos, constituye un ejemplo a imitar en la aplicación de todas estas variantes de conservación de los suelos y la diversificación de las producciones, aunque en todo el macizo montañoso del Escambray (Guamuaya) espirituano los campesinos trabajan igualmente en la reforestación de las cuencas de ríos, arroyos y embalses artificiales.
Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en la provincia, suman miles los productores incorporados al movimiento agroecológico en cuyas fincas, también se elaboran abonos orgánicos con residuales de cosechas y estiércoles de ganado vacuno, equino, ovino-caprino y de otros animales domésticos como el conejo y las aves; compuestos que fertilizan la tierra y mejoran la estructura física de la capa vegetal, todo lo cual contribuye a tener con el paso del tiempo un medio ambiente más limpio y saludable, libre de elementos contaminantes.
